El derrumbe del petróleo cambia las prioridades

Cada vez que cae en el mundo el precio del petróleo, como ha vuelto a ocurrir en los últimos días, todas las miradas en la Argentina se dirigen hacia Vaca Muerta. No hace falta ser un experto para deducir que, si hace sólo nueve meses el crudo cotizaba a 100 dólares el barril y ahora a menos de 44, se reducen los incentivos de las petroleras para invertir en la mucho más costosa explotación no convencional de hidrocarburos.

Sin embargo, el panorama varía según se considere el corto y el mediano plazo.

Es cierto que el valor del petróleo se desplomó más de 55% en apenas nueve meses y ello le resta impulso al boom de inversiones en la formación neuquina que esperaba el titular de YPF, Miguel Gallucio, cuando en 2014 apuró la sanción de la nueva Ley de Hidrocarburos. Incluso las reservas récord en los Estados Unidos, donde no se descarta que el gobierno autorice a exportar excedentes, hacen prever la continuidad del sendero bajista. Pero también es cierto que la mayoría de los proyectos de exploración ya en marcha en Vaca Muerta se encuentra en la etapa de testeo e interpretación de datos y difícilmente se frenen porque apuntan a largo plazo. Así lo estima el consultor Daniel Gerold quien, en cambio, advierte que el derrumbe de precios crea un problema para nuevas inversiones externas. «Muchas compañías internacionales deben racionalizar su portafolio de inversiones en el mundo y la disponibilidad de capital», explica. De ahí que considere inalcanzable la meta de inversiones en hidrocarburos por 20.000 millones de dólares anuales, que hasta no hace mucho barajaban otros especialistas del sector.

Paralelamente, en el corto plazo y a la espera de que aclare la perspectiva internacional, en la industria petrolera local se produjo un silencioso cambio de prioridades a favor de la explotación convencional de crudo.

La razón es que, a la inversa de lo que ocurre en el mundo, en los últimos meses el precio doméstico del petróleo pasó a ser más alto en la Argentina que en los mercados externos. En efecto, las petroleras perciben actualmente -en pesos- el equivalente de 76 dólares promedio por barril que venden a las destilerías; o sea 73% más que la cotización del WTI (u$s 43,96) y casi 40% más que el Brent (u$s 54,4).

La diferencia la pagan mayormente los consumidores de combustibles. En otras palabras, éstos pasaron de estar fuertemente subsidiados bajo el mismo gobierno de Cristina Kirchner –como ocurrió durante años, hasta que en 2011 estalló el déficit energético- a subsidiar ahora la producción de crudo.

Este escenario por lo general poco conocido fuera de la industria petrolera (donde se habla del «barril criollo»), fue propiciado por el propio ministro Axel Kicillof a través de una intrincada madeja de regulaciones e incentivos fiscales, a fin de proteger la producción y el empleo en YPF y las compañías privadas, que en su gran mayoría ya extendieron los plazos de concesión de las áreas que operan.

Claro que la presentación pública fue muy diferente. Cuando la Presidenta anunció a fin de 2014 la exigua rebaja de 5% desde enero en los precios de las naftas y el gasoil, privilegió el carácter «histórico» de la medida. Y hasta alardeó con que nunca («never in the life», dijo) habían bajado los combustibles cuando lo hizo el petróleo. Lo que no dijo es que esa reducción tampoco guardó relación con el derrumbe previo de 50% en el valor internacional del crudo. Ni que ello obedeció a la necesidad de no desalentar la extracción local frente al aumento de los costos internos en dólares y, en especial, evitar un mayor uso de divisas para importar combustibles que, aún a menor precio, erosionan diariamente las reservas del Banco Central.

Una prueba de ello es que la rebaja de precios en los surtidores duró poco: después de 43 días, hubo un ajuste de 0,8% en febrero, seguido por otro de 0,9% en marzo, a fin de mantener los ingresos en pesos de las petroleras alineados a la suba del dólar oficial en esos meses. Otra se produjo la semana anterior, cuando el Ministerio de Economía dejó sin efecto para las refinadoras las exenciones de impuestos a la importación de combustibles líquidos (62%), que rigieron durante buena parte del año pasado (cuando el crudo cotizaba a 100 dólares el barril) para garantizar el abastecimiento interno. Con esta medida los valores de importación incluyendo impuestos resultan más altos que los domésticos, pese al desplome del crudo en los mercados externos.

De ahí que nadie en el sector se queje del actual cuadro de precios internos y que todos justifiquen este alejamiento del mercado en la necesidad de mantener o aumentar la producción de crudo y, además, evitar los permisos previos (DJAI) para importaciones. El argumento es que, al mantenerse los ingresos en pesos ajustados al dólar oficial, las compañías pueden mantener sus planes de inversión en áreas convencionales y no convencionales mientras los costos internos (entre ellos los laborales) no se disparen.

En este marco, y teniendo en cuenta que la inversión en shale oil resulta entre cinco y diez veces más costosa que la exploración y explotación convencional, la perspectiva de nuevos proyectos en Vaca Muerta se torna más incierta en la medida en que los precios internacionales del crudo sigan cayendo, al igual que el tipo de cambio real frente al dólar. Gerold, incluso, estima que el actual precio del gas con subsidio estatal (u$s 7,50 por millón de BTU) puede no resultar rentable en yacimientos no convencionales. Pero, además, advierte que el discurso aperturista de algunos economistas que asesoran a los presidenciables, en el sentido de volver a los precios del mercado como el sector reclamaba años atrás, se convierte en el actual contexto en un factor más de incertidumbre.

Por lo pronto, las petroleras que ya firmaron acuerdos de asociación con YPF en Vaca Muerta (casos Chevron, Dow, Petronas) o con G&P de Neuquén (caso Wintershall), ratificaron su intención de cumplir con sus compromisos de inversión en exploración y desarrollo de nuevos pozos. Aún así, debe recordarse que los incentivos de la nueva Ley de Hidrocarburos rigen a partir de un monto mínimo de inversión de 250 millones de dólares en tres años. Y si bien no se trata de una apuesta que haga tambalear a grandes compañías multinacionales, tampoco debería descartarse que vayan dosificando los desembolsos, según cómo evolucione el mercado externo y, fundamentalmente, la política macroeconómica que se aplique a partir de 2016. Muchas descuentan un futuro sin cepo cambiario, ni tipos de cambios múltiples, ni prohibiciones para girar utilidades al exterior. Pero hay dudas, que también alcanzan a YPF, sobre lo que ocurrirá con los precios del petróleo y del gas y las fuentes externas e internas para el financiamiento de proyectos.

Mientras tanto, el derrumbe de los precios internacionales del petróleo aleja en el tiempo la meta del autoabastecimiento. Y si bien en 2015 contribuirá a un ahorro de divisas del orden de 2500/3000 millones de dólares, resultará inferior a la perdida de ingresos por la caída de cotizaciones de los commodities agrícolas, que se estima en unos 5000 millones. Con la energía hiper-subsidiada y la necesidad de achicar el déficit fiscal que el gobierno de CFK dejará como herencia, no se perfilan buenas noticias en 2016 para los consumidores de combustibles, gas natural y electricidad.